Con el propósito de fortalecernos como organización para ofrecer mejores servicios en el cumplimiento de nuestra misión, planteamos los principios y valores que rigen nuestras acciones, principios cuya aplicación buscamos promover tanto al interior de nuestra organización, como en la esfera del interés público.

 

1.                  Consideramos que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales y de salud, que son de interés general, es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Que toda persona debe tener acceso libre y oportuno a la información sobre el medio ambiente que esté en manos de las autoridades, especialmente a la información sobre materiales y actividades que ponen en peligro a sus comunidades. Esta información debe ser entregada de manera oportuna y los comunidades  deben recibir apoyo para la comprensión de los datos que reciben (Principio 10 Declaración de la ONU sobre Medio Ambiente, Rio de Janeiro, 1992).

2.                  Las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales deben ser realizadas teniendo en cuenta no solo la sustentabilidad económica expresada en la ganancia directa, sino el interés de conservar los recursos para su adecuado aprovechamiento por las generaciones futuras y deben ser justas par los participantes directos e indirectos en estas actividades y sus comunidades y familias.

3.                  Las personas, grupos y comunidades tienen el derecho de participar como socios equitativos en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones que afecten su medio ambiente, incluyendo la determinación de necesidades, diagnóstico, planificación, implementación, sanción y evaluación (Justicia Ambiental 7).

4.                  El derecho a un medio ambiente limpio es una precondición del derecho a la vida que  compartimos tod@s por el solo hecho de ser seres humanos. Tenemos derecho a un medio ambiente libre de sustancias y energías que afecten nuestra salud, nuestra capacidad reproductiva y la salud de las nuevas generaciones.

5.                  Las decisiones de las autoridades y de l@s ciudadan@s deben estar siempre apegadas al marco legal vigente, siendo un derecho inalienable de l@s ciudadan@s el proponer cambios a la legislación para mejorar las salvaguardas legales, proteger el bien común y defender sus derechos colectivos (Ley de Participación Ciudadana).

6.                  La gestión de los asuntos públicos debe garantizar la inclusión de todas las personas que deseen participar y fomentar la participación de quienes pueden resultar directamente afectados en sus condiciones de vida, especialmente de aquellas comunidades que ya enfrentan retos como la pobreza y la falta de acceso a la educación y los medios de comunicación formales.

7.                  La acción ciudadana está regida por la solidaridad , que es la capacidad de asumir como propios los problemas de otros, propiciando el desarrollo de relaciones horizontales de colaboración, las acciones conjuntas y la comprensión de la diversidad social.

8.                  La gestión de las autoridades y las acciones ciudadanas deben garantizar el reconocimiento y respeto a las diferencias y a la diversidad de quienes conformamos la sociedad, como un elemento para la construcción de consensos.

9.                  Es imperativo vincular los aspectos los aspectos de conservación del ambiente y justicia social con la equidad de género, garantizando la participación protagónica de hombres y mujeres en la construcción del desarrollo sustentable. Debemos fomentar la participación de las mujeres en la formulación de políticas, toma de decisiones y obtención de ingresos  y beneficios (Programa Nacional de la Mujer-Mujer y medio ambiente)

10.               Afirmamos el carácter sagrado de nuestra tierra, del agua y el aire, la unidad ecológica y a interdependencia de todas las especies y el derecho a vivir sin la amenaza de destrucción ecológica (Justicia Ambiental 1).

11.               Exigimos el cese de la producción, extracción y emisión de toxinas, desechos peligrosos y materiales radiactivos y que todos los productores anteriores y presentes sean estrictamente responsables ante el pueblo por la limpieza, neutralización y contención al momento de la producción. El manejo de materiales peligrosos debe basarse en el principio de prevención de riesgos y no solo en la minimización, transferencia y contención de los desechos al final de los procesos (Justicia ambiental 4 y 6).

12.               Las comunidades tienen el derecho fundamental a la autodeterminación económica, cultural y ambiental. La sociedad debe garantizar el acceso y el uso sustentable de los recursos naturales de los pueblos indios (Justicia ambiental 5 y 11).

13.               L@s trabajador@s tienen derecho a un ambiente saludable y seguro en el trabajo y en sus casas, y nadie debiera ser forzad@ a elegir entre una vida insalubre para sí y su familia y el desempleo (Justicia ambiental 8).

14.               Las víctimas de injusticias y desastres ambientales deben recibir  compensación completa y reparación de los daños, así como atención y cuidados médicos de calidad y con calidez (Justicia ambiental 9).

15.               Las políticas públicas de desarrollo urbano y rural deben incluir esfuerzos para la conservación, limpieza y reconstrucción de nuestras ciudades y áreas rurales en balance con la naturaleza, cuidando la integridad cultural de las comunidades y suministrando a tod@s el acceso completo a los beneficios (Justicia ambiental 12).

16.               La gestión ambiental y las políticas públicas de desarrollo deben priorizar el interés general, la salud pública y el uso racional de los recursos naturales sobre el sólo interés económico de los particulares.

17.               La educación ambiental adecuada, participativa y respetuosa de las diferencias culturales de las generaciones presentes y futuras es fundamental para la sobrevivencia del planeta (Justicia ambiental 16).

18.               La justicia ambiental requiere que nosotros como individuos, tomemos decisiones personales de consumir lo menos que se pueda los recursos que se pueda de la Madre Tierra y de producir el menor desecho posible y tomar la decisión consciente de revisar y reorganizar las prioridades de nuestro estilo de vida para asegurar la salud del mundo natural para las generaciones presentes y del futuro (Justicia Ambiental 17).